Legalizar Pozo de Agua

1.  Revisar que se cumplen los requisitos para legalizar el pozo.
2. Acreditación de la titularidad de la finca.
3. Proyecto de solicitud de obras ante la Autoridad Minera.
4. Concesión de agua o inscripción del aprovechamiento en la Confederación Hidrográfica.
5. Solicitud de autorización de obras del pozo en el Ayuntamiento.
6. Pago de las tasas administrativas.

El precio de la legalización de un pozo incluye, de manera general la redacción de un Proyecto técnico de solicitud de obras por parte de un Ingeniero Técnico de Minas, así como memoria técnica para la concesión o inscripción de aguas en la Confederación Hidrográfica.

Debido a que es necesario conocer los requisitos legales de la zona y los organismos que deben autorizar la obra, es necesario que nos solicite presupuesto indicando la ubicación o referencia catastral donde se encuentra la finca.

No dude en ponerse en contacto nosotros para consultar el precio de legalización del pozo mediante el formulario de solicitud de presupuesto para legalizar el pozo.

El artículo 121 de la Ley de Minas establece como infracción grave, la realización de cualquier actividad de aprovechamiento de recursos regulados por la presente Ley sin su correspondiente autorización o concesión.

El régimen sancionador para un pozo ilegal establece multas de entre 3.000 hasta 300.000 euros.

La normativa básica aplicable es la Ley 22/1973 de 21 de julio, de Minas.

• Real Decreto 2857/1978, de 25 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Minería.
• Real Decreto 863/1985, de 2 de Abril, por el que se aprueba el reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera e Instrucciones Técnicas Complementarias.
• Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el Artículo 109 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
• Planes Hidrológicos de Cuenca Vigentes.

Además de la legislación estatal, existe legislación específica sobre las regulaciones y requisitos para legalización de un pozo en diferentes comunidades autónomas de España.

Para saber si un pozo está legalizado, es necesario verificar si cuenta con los permisos y autorizaciones correspondientes emitidos por las autoridades competentes.

En general, se puede consultar con la Organismo de Cuenca encargado del manejo de los recursos hídricos en su área para obtener información sobre los requisitos y procedimientos necesarios para legalizar un pozo.

También puede ser útil buscar asesoramiento legal o de expertos en la materia para asegurarse de cumplir con todas las regulaciones aplicables.

En el caso de los proyectos técnicos de solicitud de obra ante la autoridad minera, de acuerdo con lo establecido en los art. 21 al 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, donde se regula el procedimiento general aplicable, el plazo máximo para resolver la solicitud es de 3 meses desde la fecha de presentación, entendiendo en caso de no haber recibido respuesta por parte de este organismo, aprobada la autorización de la obra por silencio administrativo según art. 24.4.

Lo anterior no aplica en algunas Comunidades Autónomas donde tienen regulación propia y el plazo de resolución está establecido en 6 meses, siendo el silencio administrativo desestimatorio.

En cuanto a las resoluciones de aprovechamiento de aguas el plazo es de 18 meses en el caso de la Concesión de Aguas, no existiendo plazo definido en el caso de la inscripción al amparo del artículo 54.2 de la Ley de Aguas.

La falta de legalización adecuada de un pozo de agua puede acarrear varios riesgos potenciales y tener implicaciones legales importantes. Algunos de ellos incluyen:

• Riesgos sanitarios: Si un pozo de agua no está legalizado correctamente y no se someterá a las pruebas y controles regulares necesarios para garantizar su calidad y seguridad. Esto puede llevar a la contaminación del agua y representar un riesgo para la salud de las personas que la consumen.
• Responsabilidad legal: Si un pozo de agua no está legalizado, puede haber consecuencias legales para el propietario o responsable. Dependiendo de las leyes y regulaciones locales, pueden imponerse multas, sanciones o incluso acciones legales por operar un pozo no autorizado.
• Conflictos de propiedad: La legalización adecuada de un pozo de agua implica obtener los permisos y licencias necesarios. Si no se realiza este proceso, puede haber conflictos con otros propietarios de tierras o autoridades locales sobre la propiedad y el uso del agua.
• Daño ambiental: La extracción de agua de un pozo no legalizado puede tener un impacto negativo en el medio ambiente si no se siguen las regulaciones adecuadas. Esto puede incluir la sobreexplotación de los recursos hídricos, la disminución del nivel del agua subterránea y el daño a los ecosistemas circundantes.

Es importante tener en cuenta que los riesgos y las implicaciones legales pueden variar según la ubicación geográfica y las leyes locales. Se recomienda siempre consultar con expertos legales y cumplir con los requisitos legales y regulatorios aplicables para evitar problemas futuros.